viernes, 11 de septiembre de 2015

Cada día en lo que va de 2015 se ha violado la libertad de expresión en Venezuela



Durante los siete primeros meses de 2015, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) registró 240 alertas, las cuales derivaron en 287 violaciones al derecho a la libertad de expresión, que van desde agresiones físicas a trabajadores de la prensa, criminalización del trabajo periodístico (con apertura de procesos judiciales), limitaciones al acceso a la información, entre otras.

Ipys Venezuela alerta en torno a que en el primer semestre (enero a junio) de 2015 se haya registrado 204 casos, que se corresponden prácticamente con el número de casos ocurridos durante el primer semestre de 2012 y de 2014, período de elecciones presidenciales y manifestaciones civiles respectivamente.

Este aspecto es fundamental para explicar que la excepción se está convirtiendo en una norma, con una tendencia distinta y más sofisticada, como el discurso que criminaliza, las acciones legales contra directivos de medios de información, y la censura. Y otros más cruentos, como la periodista Elena Santini, quien fue lanzada de un segundo piso durante la toma de la alcaldía opositora por grupos afectos al oficialismo, en el municipio Mario Briceño Iragorri, estado Aragua.

El momento cúspide de esta medición se ubicó durante junio, mes en el que se celebra el Día del Periodista, con 46 alertas. Cuando se promedian los casos, estamos hablando de 34 por mes, un equivalente a 1,1 caso por día.

A diferencia del año 2014, cuando durante febrero y marzo los conflictos sociopolíticos posicionaron las agresiones físicas, las amenazas de detención y los ataques contra las herramientas de trabajo, los primeros siete meses de 2015 se destacaron por la tendencia discursiva del sector oficial en criminalizar el ejercicio periodístico, luego de la publicación de trabajos de investigación que develaron posibles casos de corrupción o irregularidades empresariales, que son de interés público para los ciudadanos.

Ipys contabiliza al menos 12 casos en los que se vincula directamente el discurso presidencial en contra de medios de comunicación, nacionales e internacionales. Desde el sector oficial se han ejecutado 36 declaraciones agraviantes y 11 campañas de agravio en contra de periodistas y medios de comunicación, ejecutadas a través de medios estatales.

Limitaciones a la cobertura


Periodistas y miembros de equipos reporteriles fueron intimidados y limitados en al menos 10 oportunidades, mientras ejercían labores informativas durante el proceso de las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el 28 de junio pasado. Al menos 25 personas no identificadas arremetieron en contra de periodistas y medios de comunicación durante la realización de pautas informativas. En el ámbito de coberturas sobre las fuentes de política y consumo, 10 simpatizantes oficialistas y dos simpatizantes opositores intimidaron y agredieron a equipos reporteriles de medios impresos y multimedio.

Recomendaciones de Ipys en sesión de la ONU


En su participación en la audiencia del 4to Informe Periódico del Estado venezolano para el Período de Sesión 114° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ginebra, junio de 2015), Ipys Venezuela solicitó a la ONU exigir al Estado venezolano:

La modificación de la legislación que promueve la criminalización por desacato, difamación e injuria, basándose en los estándares de los Derechos Humanos sobre libertad de expresión.

También se pidió al Estado garantizar la promoción sobre la pluralidad, la diversidad de voces y el acceso a las fuentes de información, con el fin de que los ciudadanos puedan recibir información de calidad, y que los periodistas puedan ejercer su profesión de forma independiente sin temor a represalias oficiales o agresiones que puedan poner en riesgo su integridad.

Por último, y de cara a las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, Ipys Venezuela solicitó que el Estado garantice la transparencia en el manejo de la información de interés público y el acceso de los medios y los periodistas a la información.

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